El Gobierno evalúa eliminar subsidios de Zona Fría por decreto
Por La Brújula
El presidente Javier Milei evalúa firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para eliminar la ampliación del Régimen de Zona Fría, aprobada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta medida permitió extender subsidios de hasta el 50% en las facturas de gas natural a más de tres millones de usuarios, incluyendo zonas del país con temperaturas moderadas. La reversión del beneficio, señala el portal Econojournal, evitaría el debate legislativo en el Congreso, donde los gobernadores resisten cambios por su costo político.
El régimen fue creado a comienzos de los 2000 con el objetivo de subsidiar el consumo de gas en regiones con condiciones climáticas extremas como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Sin embargo, la ley 27.637 amplió la cobertura a casi la mitad de los usuarios residenciales del país sin discriminar niveles socioeconómicos. Esto hizo que personas de ingresos medios y altos, especialmente en el interior de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y otras zonas templadas, comenzaran a recibir subsidios financiados con un recargo en la tarifa del resto de los usuarios y aportes del Tesoro Nacional.
El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, impulsa volver al esquema original sancionado en 2002, que beneficiaba a 850.000 hogares. Según fuentes oficiales y del sector energético, los abogados del Ejecutivo consideran viable emitir un DNU para modificar el régimen sin pasar por el Congreso. “Si Presidencia aprueba el texto y los abogados lo consideran sólido, se avanzará por esa vía”, señalaron desde una distribuidora de gas. El gobierno justifica la medida en el impacto fiscal, que este año rondará los 300 millones de dólares.
La ampliación del régimen generó efectos no deseados, según un estudio de la consultora Economía y Energía, dirigida por Nicolás Arceo. Entre 2021 y 2024, el consumo unitario de gas por hogar creció un 7% en las regiones incorporadas al esquema, mientras que en las provincias que quedaron afuera cayó hasta un 9%. El Ejecutivo comenzó a tomar medidas parciales, como excluir del beneficio a titulares con más de un medidor, en preparación para una eventual eliminación total de la ampliación.
Durante el debate de la Ley Ómnibus, el Gobierno intentó incluir la derogación de la ley 27.637, pero debió retirar ese punto ante el rechazo de los gobernadores. La Ley Bases fue finalmente aprobada sin cambios en el Régimen de Zona Fría. Actualmente, el recargo aplicado a los usuarios para sostener el fondo fiduciario que financia estos subsidios se elevó a 6,2%, aunque desde el Gobierno reconocen que debería subir al 10% para que el sistema sea autosustentable.
En su diseño original, el régimen se financiaba con un recargo del 4,46% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). La ampliación de 2021 implicó también un aumento del recargo a 5,4%, que resultó insuficiente para cubrir el costo del nuevo universo de beneficiarios. Actualmente, los subsidios alcanzan un 30% del total de la factura, y en ciertos casos específicos —como jubilados, beneficiarios de AUH, personas con discapacidad o electrodependientes— llegan al 50%.
"Un régimen injusto"
Un referente local de La Libertad Avanza manifestó a la redacción de La Brújula 24 su postura crítica frente al régimen de Zona Fría, al considerar que se trata de un esquema “regresivo” que subsidia el consumo de gas en zonas con temperaturas más bajas, sin tener en cuenta el nivel socioeconómico de los beneficiarios. Según señaló, el sistema actual implica que usuarios de bajos recursos en zonas templadas como Merlo o La Matanza terminen pagando un recargo en sus facturas para subsidiar a usuarios que podrían no necesitarlo, como altos funcionarios que residen en la Patagonia.
“Una persona vulnerable que vive en La Matanza y que tiene gas en su casa paga unos mangos más en su factura para sostener el régimen. Y tal vez ese subsidio termina beneficiando al gobernador de Río Negro, que vive en Viedma y no necesita ayuda”, explicó. En ese sentido, cuestionó la lógica del esquema: “Subvencionar a ricos porque viven en zonas frías es lo opuesto a lo que debería ser una política redistributiva justa”.
Y agregó: “El subsidio debería estar asociado a la capacidad de pago de los hogares, no a la ubicación geográfica. En un mundo ideal, todos pagaríamos lo que vale el servicio, pero si va a haber subsidios, que sean focalizados en quienes realmente lo necesitan”, expresó. En su análisis, hizo una comparación con la segmentación vigente en el servicio eléctrico. “Yo no tengo ningún tipo de subsidio y pago más. Pero mi tía, que es jubilada y vive sola, está en el escalón 2. Es decir, yo subsidio parte de su factura, y eso me parece bien. Ese sistema es más equitativo”, explicó, al referirse a cómo debería implementarse una política energética más justa.
Finalmente, consideró que lo más lógico sería reforzar programas como los planes Hogar, que subsidian el consumo de garrafas en regiones donde no hay acceso a redes de gas, antes que sostener un sistema amplio que no distingue entre hogares ricos y pobres. “Si realmente es cierto que el Gobierno quiere modificar o eliminar la ampliación del régimen, me parecería coherente desde una visión técnica y económica”, concluyó.
